La libertad religiosa en el espacio público

Redacción: Gabriel González Merlano – Foto: Agustín González / Iglesia Católica de Montevideo
En el libro del Génesis (11, 1-9) se encuentra el conocido relato de Babel: todo el mundo con una misma lengua, la construcción de una ciudad con una torre que llegara hasta el cielo, la confusión del lenguaje y la dispersión por toda la tierra. Lo que allí se relata es un episodio de pluralidad de lenguas sin entendimiento. Esto que puede explicarse como consecuencia de un castigo divino, puede verse, también, como una dispersión que significa enriquecimiento y desafío. Será necesario pasar de la pluralidad de voces al pluralismo, es decir, a una lengua única, comprendida por todos, sin excluir a nadie.
Este relato es una parábola de nuestra realidad plural actual, en la que existen multitud de voces que no siempre se entienden e, incluso, algunas predominan y excluyen a otras. Esto sucede, precisamente, con el fenómeno religioso. No por casualidad hoy, con el término postsecularismo, se quiere volver a integrar la voz de la religión en este concierto plural de ideas y creencias. Algunos pensadores hablan de traducir el lenguaje religioso -porque nadie debe quedar afuera- a un lenguje único, secular, comprendido por todos, como posibilidad de entendimiento en un auténtico pluralismo. Sin embargo, la traducción del lenguaje religioso a un lenguaje secular, sin que los conceptos religiosos pierdan su esencia, es algo que discuten los filósofos. Quizás para los juristas sea más fácil definir esta lengua única mediante la ley. El aporte del derecho es el lenguaje de la legislación en un Estado laico y neutral.
Pero laicidad y neutralidad no supone que el Estado sea indiferente a valores y derechos humanos fundamentales. Estos derechos y libertades que el Estado promueve no son neutros y tanto creyentes como no creyentes pueden estar de acuerdo en ellos desde concepciones y fundamentos diferentes. Por tanto, el Estado se identifica con estos principios fundamentales sin adherir a los distintos motivos de base que esgrimen los ciudadanos. Es necesario permitir que todos puedan expresar estos motivos en el ámbito público. Ello es muy importante para valorar en su justa dimensión el fenómeno religioso, que contra todos los pronósticos de los augures de la modernidad no desapareció, sino que ha sobrevivido, bajo distintos ropajes y gran fuerza, pugnando por entrar nuevamente a la esfera pública.
Dicho esto, ¿qué sucede en Uruguay? ¿El Estado uruguayo es realmente laico, verdaderamente neutral? Expresado de otro modo: ¿Se refleja en su legislación, más allá de la pluralidad, un auténtico pluralismo, que incluya también al factor religioso? Nos referimos a aquel pluralismo en el que hay lugar para todas las voces, en su especificidad, sin caer en el error común de igualar la religión con una ideología, las que, ciertamente, son cualitativamente diferentes. De hecho la libertad religiosa posee un régimen jurídico distinto a la libertad ideológica, es diferente su dimensión, tanto comunitaria como institucional, así como la autonomía que deben gozar los grupos religiosos.
La neutralidad que se exige al Estado frente a lo religioso no se puede extender de la misma forma al ámbito ideológico. Las ideas no son creencias, las ideas se poseen, las creencias nos poseen, en ellas basamos nuestros pensamientos y nuestra vida. Pero, muchas veces, se tiende a igualarlas reconduciendo ambas a la libertad de pensamiento, con lo cuál se pierde la especificidad de lo religioso y no se garantiza debidamente su ejercicio.
¿Qué caracteriza a lo religioso? Nos inclinamos por estos cuatro criterios fundamentales: 1. Refiere a una realidad última, trascendente, infinita, base de todo lo real. 2. Exige la respuesta de todo el ser del hombre. 3. Es una experiencia cualitativamente muy intensa. 4. Representa un encuentro que interpela al ser humano y lo impulsa a trabajar por la transformación de sí mismo y del mundo. Es connatural al hombre ese impulso de buscar más allá, y en ese espacio de lo sagrado que lo invade todo y exige un respeto incondicional se mueve la religión.
Por ser una búsqueda implícita al espíritu humano, las crerencias lejos de desaparecer crecen en nuestro tiempo, revelando la importancia de valorar la interioridad, donde en definitiva, tal como lo expresa San Agustín, habita la verdad. Las religiones siempre han intentado transferir lo absoluto a formas que traduzcan dicha experiencia. De ahí que la religión en ciertas épocas administrara lo sagrado y lo profano (educación, sociedad, política, vida íntima, comidas, etc.), sacralizando la realidad. Hasta que el mismo hombre descubre la racionalidad de cada esfera de la vida y con ello la autonomía frente a lo religioso, lo que dio origen a la secularización. Y si bien no es aceptable la sacralización que quita autonomía a las realidades humanas, tampoco lo es la secularización que entroniza la razón humana al punto de excluir lo religioso como no racional.
Lo religioso goza de una sana autonomía, la que reconoce el Concilio Vaticano II. Esto supone la separación entre Estado-Iglesia y la laicidad, es decir, el pueblo da legitimidad al Estado, ya que el fundamento de toda autoridad, aunque está en Dios, pasa al pueblo. Ahora bien, esta separación en algunos casos ha ido más allá de lo estatal, como ocurrió en Uruguay, y permea lo público; la secularización del Estado lleva consigo la secularización de las instituciones y de la sociedad. La laicidad, que es un principio estatal, se aplica e impone a los ciudadanos, para quienes el principio es el de la libertad religiosa. Se da así una privatización de lo religioso, excluyendo su manifestación en espacios públicos y el apoyo a sus actividades, llegando, incluso, a proscribir el nombre de Dios.
Hay que distinguir, entonces, la secularización, en cuanto constituye un proceso social para asegurar la libertad de conciencia y la igualdad, y el secularismo, definido como posición ideológica. La secularización en sus diferentes formas (secularización de costumbres, ritos, ideas ultraterrenas, autoridad, etc.) no equivale, por tanto, al final de las religiones, como sí lo es el secularismo, que más allá de la separación entre el Estado y la religión pretende excluir de la pluralidad la cosmovisión religiosa, los contenidos de verdad con los que fueron moldeadas nuestras sociedades de tradición judeo-cristiana. Por ello, el postsecularismo significa el regreso de lo religioso a la esfera pública. La religión, restablecida en su vigor, con una vitalidad que en realidad nunca perdió, a pesar de los embates de la modernidad, reclama participar en ese espacio donde se valoran los mejores argumentos, ese espacio social en el que los ciudadanos, creyentes y no creyentes, deliberen acerca del bien común.
La religión tiene una función importante en la vida social y política, especialmente como dador de sentido de lo humano e instrumento efectivo de conductas éticas, frente a los límites que tiene la razón secular -o postmetafísica- para lograr el bien común. Superada la férrea polarización y alternativa entre secularismo o religiones, donde se restringe la participación del segundo polo en la construcción de la razón pública, se impuso la total secularización del Estado moderno y el imperio de la ley. Con ello, se asegura que los cristianos ya no estarán relegados para vivir su fe, sino que la democracia les exigirá ser parte de la comunidad jurídico-política y participar en sus decisiones.
Atender el requerimiento que presentan las convicciones religiosas y asegurar su presencia en el espacio público es lo que le corresponde a un Estado auténticamente neutro. El Estado debe ser un baluarte que defienda la pluralidad social, no una fortaleza contra la religión. De allí, la necesidad de interpretar debidamente nuestras normas constitucionales en clave de libertad religiosa y no en función del laicismo decimonónico hostil al hecho religioso. Podemos tolerar esa actitud en aquellos librepensadores dogmáticos, que querían la homogeneización social, pero hoy la realidad plural reclama algo diferente. Se necesita integrar el lenguaje de las religiones, sin que pierda su auténtico contenido, en la razón pública, de hecho escéptica, y contribuir al necesario entendimiento.
La tarea del postsecularismo es la de superar el secularismo, y la implícita laicidad negativa, que no responde a esta época. El secularismo, como ideal político, ha sido valioso para las democracias liberales occidentales, en cuanto a la defensa de los derechos individuales y los límites impuestos al Estado, pero no ha sido suficiente. Si se reconoce que la religión es un elemento importante y primordial en la vida humana, no debe ser enviada al inframundo de lo privado, debe estar en la esfera pública, sin que se transforme, lógicamente, en doctrina pública.
Es necesario superar una mera filosofía de la civilidad, basada en la sola razón, sin reparar en argumentos de tipo religioso. La razón secular es necesaria pero no basta, es preciso un mutuo reconocimiento de lo secular y lo religioso. En este sentido, la ley debería reflejar esa pluralidad de convicciones de los ciudadanos y, en consecuencia, el Estado estaría ejerciendo una auténtica neutralidad, garantía del pleno respeto a la libertad religiosa de los individuos y grupos en la sociedad. Solo así es posible pasar de Babel a Pentecostés.
Artículo publicado originalmente en quincenario Entre Todos Nº 474.